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Inicio2022-04-25T13:11:09-05:00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

La justicia administrativa tiene como propósito que la administración pública emita sus actos bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Bajo ese contexto, el Tribunal es el eje rector para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, el respeto al derecho humano a una buena administración y la proporcionalidad entre el interés público y los derechos fundamentales.

Por ello, desde hace 35 años tiene como objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

A partir del 19 de julio de 2017 conocemos y resolvemos de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control de las dependencias del Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la imposición de sanciones.

Para garantizar el acceso a la justicia, se ha hecho uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, implementado el “Tribunal Electrónico para Justicia Administrativa”, buscando que la ciudadanía tenga un acceso cercano y directo a las distintas áreas jurisdiccionales sin necesidad de trasladarse.

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¿QUÉ ES EL TRIJAEM?

El Tribunal es un eje rector para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, el respeto al derecho humano a una buena administración y la proporcionalidad entre el interés público y los derechos fundamentales.

Tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

¿QUÉ HACEMOS?

  • Resolver controversias de carácter administrativo y fiscal.

  • Imponer sanciones.

  • Fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública estatal o municipal.

Otorgar seguridad jurídica en materia administrativa y fiscal de manera imparcial, pronta, completa, independiente y gratuita, con humanismo, sensibilidad y con valores, para mantener la armonía y estabilidad en las relaciones que se dan entre las y los ciudadanos con las autoridades estatales y municipales.

Garantizar la vigencia de Estado de Derecho y otorgar a la ciudadanía certeza y seguridad jurídica, de tal manera que si sus derechos, sus bienes y su persona son transgredidos, estos le serán reparados y restituidos.

1. JUICIO ADMINISTRATIVO.

¿Quién lo puede promover? Las personas físicas o jurídico colectivas.

Beneficios: Solución de controversias administrativas y fiscales que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad.

2. RECURSO DE REVISIÓN.

 ¿Quién lo promueve? Las personas físicas, jurídico colectivas (actores o terceros interesados) y autoridades administrativas.

Beneficios: Revisión de las sentencias y resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal.

3. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

¿Quién lo puede solicitar? Las personas físicas, jurídico colectivas (actores o terceros interesados) y autoridades administrativas, respecto de las solicitudes que formulen las y los particulares o autoridades ante el Magistrado de la sala o sección.

Beneficios: Solucionar los conflictos de naturaleza administrativa y fiscal a través de los medios alternos de solución de conflictos.

4. ASESORÍA EN MATERIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA.

¿Quién la puede solicitar? Las personas físicas de la entidad mexiquense que requieran de asesoría legal gratuita sobre la tramitación de los juicios administrativos y fiscales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Beneficios: Una respuesta ágil, rápida y sencilla respecto de cualquier controversia que se suscite entre un particular y las autoridades administrativas del Estado, Municipios u Organismos Auxiliares con funciones de autoridad.

Legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad, buena fe, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y debido proceso.

1. Infracciones de tránsito.
2. Decomisos de mercancía.
3. Cobro indebido de agua o predial.
4. Cancelación o negación de licencias para ejercer el comercio o prestación de servicios.
5. Destitución de servidores públicos.
6. Pensiones del ISSEMYM.
7. Visitas de Verificación.
8. Clausuras de negocios y construcciones.
9. Aplicación de sanciones y diversas medidas que contienen los reglamentos y bandos municipales.
10. Expropiaciones.
11. Cancelaciones de contrato de obra pública o concesiones.
12. Indemnizaciones de policías.

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