Por primera vez en su historia, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres, para participar en un concurso interno de oposición para la designación de 25 Juezas de Distrito. Se trata de una medida tendiente a corregir la enorme brecha de género que existe en los escalafones superiores de la carrera judicial y a generar condiciones para que exista una verdadera igualdad de oportunidades. Para comprender la necesidad de medidas como esta, hay que reconocer que los concursos tradicionales, bajo la apariencia de neutralidad, siempre han sido profundamente discriminatorios hacia las mujeres. Por una serie de razones estructurales —sociales, laborales, económicas y familiares—, las mujeres no han tenido acceso a los concursos; no porque les hayan estado vedados, sino porque prevalecen circunstancias que desalientan su participación. Al respecto, no sobra enfatizar una obviedad: que la falta de acceso a las categorías superiores de la carrera judicial no es un problema de falta de capacidad de las mujeres. Históricamente, los resultados de los concursos muestran que las mujeres participantes obtienen un rendimiento igual o mejor que los hombres.

Lo que ocurre es que la judicatura federal, como muchos otros espacios de la sociedad, es un ámbito que ha sido diseñado por los hombres y para los hombres. Los estereotipos, la ausencia de políticas de conciliación laboral, el régimen de adscripciones, las cargas de trabajo, los entornos de acoso sexual y laboral, entre otros, son factores que inhiben una mayor participación de las mujeres. Así, mientras que en las categorías de secretaria de órganos jurisdiccionales, las mujeres representan casi 44 por ciento del universo, en los rangos de Juez de Distrito y Magistrado de Circuito ocupan solo 20 por ciento de las plazas. Esto pone de manifiesto que, a pesar de que las reglas que rigen el ascenso en la carrera judicial son aparentemente neutras, su aplicación se da en un contexto que desfavorece el acceso de las mujeres a las categorías superiores.

Existe, de manera clara, un techo de cristal que les impide avanzar en condiciones de igualdad, más allá del cargo de secretarias. En los hechos, esto se traduce en que las mujeres están excluidas del desempeño de los altos cargos en la judicatura. Este notorio desequilibrio no puede simplemente aceptarse como consecuencia de que las mujeres prefieren no participar en los concursos; tal visión es en sí misma estereotipada y no toma en cuenta que las razones por las que no les es atractivo aspirar a ser juezas son también un reflejo de la desigualdad estructural que ha permeado a la organización, prácticas y dinámicas del Poder Judicial de la Federación. Esta situación es inaceptable y debe revertirse, porque es discriminatoria y porque es antidemocrática. La participación paritaria de las mujeres en las más altas esferas de la vida pública y en los espacios de toma de decisiones es una cuestión de justicia, de derechos, y es también, hoy en día, una exigencia constitucional.

En este sentido, un concurso exclusivo para la designación de Juezas de Distrito no es discriminatorio en contra de los hombres. Se trata de una medida correctiva y compensatoria, encaminada a obtener una igualdad sustantiva entre los géneros y alcanzar progresivamente una composición paritaria en todos los rangos de la carrera judicial. Buscamos alentar la participación de las mujeres y hacer frente a algunas de las razones por las cuales en el pasado no lo han hecho. El concurso tendrá lugar en diez sedes, de tal manera que no tengan que desplazarse hasta la Ciudad de México; y las adscripciones se realizarán, preferentemente, en el lugar de residencia de las participantes o en el lugar manifestado en el formato de inscripción. Este es un primer paso en la ruta de desarticular los procesos que han perpetuado la desigualdad en la carrera judicial. Es una medida que debemos acompañar con otras políticas transversales de perspectiva de género que generen una verdadera igualdad de oportunidades y que nos permitan aprovechar el talento y la experiencia de un gran número de mujeres plenamente capacitadas e idóneas para el cargo, en beneficio de toda la sociedad y de la calidad en la impartición de justicia.

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