"Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios"

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de con-secuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, así fue descrita la corrupción por el entonces Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en 2004. Por su parte, el Banco Mundial en el World Development Report de 1997, la definió de una forma muy sencilla: “abuso de poder público para el beneficio privado”.

En ese contexto, como es de explorado conocimiento, la corrupción es un mal que aqueja a nivel mundial, lamentablemente, México no está exento de padecerlo, por el contrario, se presenta de manera exa-cerbada; no obstante, nuestro país ha formado parte de importantes convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción, las cuales, al ser pactadas por el Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado de la República constituyen obligaciones Internacionales. Entre ellas podemos mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de servidores públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la resolución 3514 de 15 de diciembre de 1975, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Trigésimo Período de Sesiones, relacionada con la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que regula el actuar de las empresas trasnacionales, en la que se destaca la preocupación por las prácticas corruptas e ilegales de algunas empresas, sus asociados o intermediarios; además de condenar dichas prácticas, se reconoce el derecho de cada Estado para expedir normativa al respecto, realizar investigaciones y adoptar medidas oportunas para evitarlas.